Después de escuchar y leer, durante las últimas semanas, a los sesudos periodistas, comentaristas y políticos sobre el tema, ahora me toca a mí hacer unas pequeñas reflexiones sobre el particular desde mi experiencia ya que he pasado por algunos estadíos en mi vida con diferentes puntos de enfoque según la edad y el puesto ocupado. Ahora jubilado expongo mis opiniones sin ningún tipo de parcialidad.

Consultando la acepción en el diccionario de la RAE solo hay una definición que me parece aceptable, según mi criterio, y es “Interrupción colectiva de la actividad laboral por parte de los trabajadores con el fin de reivindicar ciertas condiciones o manifestar una protesta”

Dando por hecho que es un derecho que el trabajador en libertad pueda manifestar su postura de la forma que crea conveniente, nadie, ni el Estado, puede condicionar o legislar sus actuaciones. No a la normalización de la huelga. Un reglamento sobre la misma haría que su efectividad perdiese fuerza.

Nadie, ni el Estado, puede presionar en la libertad individual del trabajador en su decisión de ir o no a la huelga. Comparables son, por supuesto, los servicios mínimos impuestos a los piquetes de trabajadores, ya que con unos y otros quitan libertad de elección.

Lo que si es claro que esas decisiones tienen unas repercusiones a nivel personal y empresarial. Cada uno sabe, o debería de saber, las consecuencias de sus actos.

Fundamentalmente la interrupción de actividad laboral está hecha para que los patronos sufran un quebranto económico en sus beneficios por la falta de producción. Y por eso es entendible la huelga en el sector privado que trata de presionar de alguna forma en el aspecto económico que es el que interesa al empresario.

En este sentido hay dos fuerzas que compiten en la actividad que son el capital y la mano de obra, y que uno no puede vivir a la espalda del otro, ya que su buena complementariedad es el triunfo de la empresa.

Si la función principal de la huelga es una medida de presión hacia el Patrón en el aspecto económico no tiene razón de existir en el sector público donde el patrón es también el trabajador. Me explicaré, el Sector Publico somos todos, es decir, los servicios prestados están financiados de alguna manera por nosotros mismos, somos la Patronal, y estamos pues haciendo la huelga contra nosotros mismos, y los quebrantos ocasionados van a nuestros bolsillos.

No nos dejemos engañar por los torticeros, sean políticos o sindicales. En el caso del Metro de Madrid, la empresaria no es la Sra. Aguirre, a ella no le va al bolsillo de una forma directa el quebranto económico que se pueda ocasionar con la huelga, somos todos los que financiaremos las perdidas amen de ser también los directamente perjudicados.

En las empresas del sector público no cabe la huelga, solo y exclusivamente tiene que haber negociación pura y dura pensando los negociadores que son iguales, que están todos en el mismo bando ya que la “empresa” es de todos, lógicamente, cada cual en su función especifica.

Cualquier tipo de reivindicacion contra el Estado, por empresas de gestión de servicios públicos, en cualquiera de sus formas, tiene que pensarse que va a salir de nosotros mismos para ir a nosotros, de alguna forma, sacarla del bolsillo derecho para meterla en el izquierdo.

No estoy en contra que las empresas públicas tengan representantes sindicales de los trabajadores, ya que de alguna forma se deben de canalizar sus inquietudes de todo tipo, pero no cabe ir en contra de nosotros mismos perjudicándonos doblemente. Aplicable aquí el refrán que reza de la siguiente manera: “Para que se joda el Capitán no como”, eso es lo que es una huelga en el sector publico.

Muy diferente es este tipo de manifestación, sin ningún tipo de regulación, en el sector privado, y de tipo indefinido, cada cual sabe su postura y sus consecuencias, y entonces ver quien puede soportar el envite y lo que les evita el ponerse de acuerdo.

De cualquier forma, los lideres sindicales, que son al fin los causantes las mas de las veces de la falta de acuerdo, deberían de renunciar a sus privilegios, su “patente de corso”, que les tiene a cubierto de las represalias empresariales. Ellos nunca son sancionados por tener la representatividad sindical y tienen cierto tiempo de franquicia en las empresas muy al contrario de sus compañeros que pueden ser represaliados sin miramientos. Sus actitudes desafiantes y no dialogantes, como hemos visto estos días, les da un aire de rancio trasnoche del siglo pasado.

No tengo muy claro el estatus de todas aquellas personas que trabajan para organismos públicos, empresas estatales, autonómicas o municipales son funcionarios que se han ganado su puesto por una oposición/selección y que son fijos a perpetuidad, saben que su patrón es el Estado en sus muchas variantes y que deben un respeto a los demás ciudadanos que les pagamos con nuestros impuestos, por lo que estimo que sus derechos deben de llegar hasta un limite razonable de convivencia. Es decir que sus problemas, que evidentemente los tienen como los demás, deben de tener otro tipo de presiones/negociaciones que si ocuparan un puesto similar en la función privada.

Y como decía un político mayor que todavía ejerce, sobre este tema no tengo mas que decir.